Hasta
mediados del siglo próximo pasado, la inmensa mayoría de los cargos
públicos de nuestro país, estaban en manos de la nobleza cubana,
principalmente los del Ayuntamiento como se puede observar revisando
sus libros de Cabildo.
En
aquellos tiempos para poder ocupar cargos públicos y otras elevadas
posiciones, era necesario no sólo acreditar los méritos personales
del pretendiente, sino también tenían que hacer previamente
información de legitimidad, limpieza de sangre e hidalguía. Suponían
que la instrucción podía adquirirse en los centros docentes pero que
los principios morales y el concepto del honor, sólo podía obtenerse
dentro de la familia y mucho mejor a través de varias generaciones
distinguidas, dándose gran importancia a estas condiciones
hereditarias que no se improvisaban. La notable legislación sobre
esta materia, previendo indiscutibles fracasos en este orden, no
quiso poner jamás oficios y cargos en manos de personas que debido a
su condición, sólo podían tener por única ambición el dinero, que a
juicio de las clases peores era la única diferencia que existía
entre los hombres. Basado en este criterio, creyéndolo mejor para la
colectividad, elegían para la administración de los países, a
personas que tuvieran que cuidar de un nombre y de una posición
social.
Cuando
la Suprema Junta Central constituida en Aranjuez decretó el 22 de
enero de 1809 "que los vastos y preciosos dominios que España poseía
en América, no eran propiamente colonias o factorías, sino una parte
esencial e integrante de la nación española", invitando a las
provincias, virreinatos e islas pertenecientes a la Corona, a enviar
una representación a la Metrópoli, Cuba aceptó dicha invitación
eligiendo para representarla a dos de sus más esclarecidos hijos que
reunían junto al brillo de su nobilísima cuna, el talento y la
moralidad más acrisolada. El ilustre prelado don Luis de
Peñalver y Cárdenas, y el famoso don Francisco de Arango y
Carreño, fueron los designados por La Habana, este último
apoyado por más de ocho Ayuntamientos.
Uno de
ellos, don Luis de Peñalver y Cárdenas, fue bautizado en la
Catedral de La Habana el 12 de abril de 1749. Era doctor en Sagrada
Teología, director de la Casa de Recogidas, provisor, vicario
general y gobernador del Obispado de La Habana, encargado de la
dirección de la construcción de la actual Catedral, principal
promovedor de la Real Sociedad Patriótica y su primer director.
Costeó de su peculio particular el terreno que ocupa la Casa de
Beneficencia y Maternidad, de cuya institución fue también su primer
director y a quien legó más tarde la suma de doscientos mil pesos.
Además, fue obispo de Guatemala y de Nueva Orleáns, invirtiendo en
esta última una gran parte de su hacienda en el establecimiento de
templos y hospitales, fomentando la escuela de monjas Ursulinas y
promoviendo más tarde, en 1804, su establecimiento en La Habana.
Esta ilustre sacerdote pertenecía a la casa de los marqueses de Casa
Peñalver y de Arcos, condes de Santa María de Loreto, de San
Fernando de Peñalver y de Peñalver, títulos todos concedidos por
servicios prestados en la Isla de Cuba.
El
otro Diputado designado junto con Peñalver, fue el licenciado
Francisco de Arango y Parreño, bautizado en la Catedral de La
Habana el 3 de junio de 1765, que fue uno de los hombres más
notables de nuestro país y quizás el que más contribuyó a su
prosperidad. Era abogado, oidor de las Reales Audiencias de México y
Santo Domingo síndico y asesor de alzadas del Real Consulado de
Comercio y Agricultura, a cuya fundación contribuyó notablemente;
vocal de la Junta de Censura, intendente de Ejército y Real
Hacienda, ministro honorario del Consejo de Indias, consejero de
Estado de Ultramar, prócer del Reino, director de la Real Sociedad
Económica de Amigos del País y VII regidor alférez real del
Ayuntamiento de La Habana, y su apoderado en distintas ocasiones,
cuya Corporación pidió a la reina Isabel II, que premiase sus
numerosos servicios otorgándole el título de marqués de la Gratitud,
a lo que accedió poco después Su Majestad. Arango pertenecía
también a una de las más antiguas y nobles familias del país, la
cual había vinculado en que ella, el oficio de regidor alférez real
del Ayuntamiento habanero.
Don
Francisco de Arango y Carreño, fue encargado de redactar las
instrucciones que de acuerdo con la convocatoria a Cortes, deberían
darse al diputado por La Habana. Aprovechando el encargo, Arango
compuso un informe a las Cortes, que hicieron suyos el Ayuntamiento
y el Consulado, donde planteó el derecho de los españoles de América
en elegir sus diputados lo mismo que los de la Península, “con el
voto de todo el vecindario”, uno por cada cincuenta mil españoles.
También pidió en su informe, que respetaran la libertad de comercio
con extranjeros, prohibida por un decreto anterior que no fue
cumplido en Cuba. Así, la primera vez que los cubanos ejercitaron el
derecho que le concedió la nueva situación al elegir voceros de sus
deseos, reclamaron, mediante el informe de Arango, dos
libertades esenciales: la del sufragio universal y la del comercio
sin restricciones.
Poco
tiempo después de haber sido designados diputados a Cortes
Peñalver y Arango, llego a Cuba la noticia de haber
cesado en España la citada Suprema Junta Central, por lo que estos
señores no llegaron a tomar posesión del honroso cargo que habían
recibido.
La
Suprema Junta Central fue sustituida por el Consejo de Regencia, que
designó diputados por La Habana, a los distinguidos cubanos coronel
Joaquín de Santa Cruz y Chacón, miembro fundador de la Real
Sociedad Patriótica y a don Juan Clemente Núñez del Castillo y
Molina, marqués de San Felipe y Santiago, siendo estos señores
los primeros que representaron al pueblo cubano en las Cortes, el 6
de agosto de 1810.
El
referido el Diputado don Joaquín de Santa Cruz y Chacón, era
coronel del primer batallón del regimiento de infantería de Milicias
de la Plaza de La Habana, descendiente por su padre de la casa de
los condes y señores de San Juan de Jaruco, condes de Santa Cruz de
Mopox, (con Grandeza de España) y por la línea materna, de los
condes y señores de Casa Bayona. En 1790, fue designado para formar
parte de la redacción del “Papel Periódico” y era miembro fundador
de la Real Sociedad Patriótica, más tarde Real Sociedad Económica de
Amigos del País, que fue la institución que más contribuyó en Cuba
al fomento de la instrucción pública, de la prensa periódica y de
las vías de comunicación y que más promovió los adelantos de la
agricultura, del comercio, de la industria popular y de todas las
demás ideas progresistas.
El
mencionado diputado don Juan Clemente Núñez del Castillo y Molina,
fue bautizado en la Catedral de La Habana el 5 de diciembre de 1754.
Era cuarto marqués de San Felipe y Santiago, primer conde del
Castillo, Grande de España, adelantado y justicia mayor de la ciudad
de Bejucal, gentilhombre de Cámara de Su Majestad y Caballero de la
Orden de San Juan de Jerusalén.
El
mariscal de Francia, Joaquín Murat, príncipe de Pont Corvo,
gran duque de Cleves y de Berg, cuñado de Napoleón I, designó
al referido marqués de San Felipe y Santiago, para representar a La
Habana en la Asamblea de los Notables de Bayona, pero éste no acudió
a ninguna de las sesiones, ni firmó el texto de la Constitución
redactada en dicho lugar, y por el contrario, si aceptó después,
legislar en las Cortes españolas en unión de don Joaquín de Santa
Cruz y Chacón, representando ambos a la Isla de Cuba.
Poco
después. acordada por el Consejo de Regencia la celebración de
Cortes extraordinarias en Cádiz, los regidores de los Ayuntamientos
de La Habana y de Santiago de Cuba, a nombre del pueblo cubano,
designaron como diputados a don Andrés de Jáuregu y Aróstegui
y a don Juan Bernardo O’Gavan y Guerra, ambos miembros
prominentes de las grandes familias coloniales de la Isla de Cuba.
Don
Andrés de Jáuregui y Aróstegui, bautizado en la Catedral de La
Habana el 2 de diciembre de 1767, fue síndico procurador general del
Ayuntamiento, teniente de alguacil mayor y alcalde ordinario de esta
ciudad, prior del Real Consulado de Comercio y Agricultura, auxiliar
del famoso barón de Humboldt y miembro destacado de la Real Sociedad
Patriótica. En 1820, fue elegido miembro de una Junta para la
elección de diputados a Cortes, y en unión de Oliverios y
Argüelles, sostuvo con tesón en la Cámara la necesidad de abolir
el Santo Oficio de la Inquisición. En 1811, formó parte de un plan
para deponer a don Carlos IV, nombrando regente de España a
la princesa Carlota del Brasil.
Don
Juan Bernardo O’Gavan y Guerra, elegido también diputado por
Santiago de Cuba, era natural de dicha ciudad, deán de la Catedral
de La Habana, auditor de la Rota Romana por la Corona de Castilla,
oidor honorario de la Real Audiencia Territorial y Gran Cruz de la
orden de Isabel la Católica. Sus numerosos servicios contribuyeron
para que se le concedieran a su sobrino, licenciado Bernardo de
Hechaverría y O’Gavan el título de Marqués de O’Gavan.
13
Abril 1952
